RECUADRO 2

VOCES OFICIALES DE DESCONTENTO

Según el Subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de México,

"muy pocos mexicanos están satisfechos con el quehacer actual de las instituciones de educación superior. La mayoría exige mejoramiento en la calidad y ampliación en la cobertura. Los reclamos vienen desde dentro y desde fuera del sector educativo y lo único que varía son las formas de expresarlos (...) En lo esencial hay coincidencia: es necesario que las universidades y demás instituciones de educación superior atiendan y entiendan lo que los otros sectores de la sociedad esperan de ellas. En síntesis, la eficacia de las instituciones de educación superior está en duda" (Gago, 1989).

Por su lado, la Secretaria Nacional de Educación Superior del Brasil exigía, a inicios del año 1992, medidas audaces:

"En primer lugar es necesario liberar a las universidades de sus amarras burocráticas, concediéndoles autonomía plena en la gestión de sus recursos, en el establecimiento de la carrera docente y administrativa, en la determinación del nivel salarial de su personal. Es preciso que ellas sean liberadas para así poder exigirles un desempeño mejor. En segundo lugar, es preciso establecer un nuevo sistema de financiamiento en el cual los recursos no sean determinados básicamente por el número de profesores y funcionarios que una universidad logró acumular si no por el número de alumnos que admite y que forma, por el desarrollo de sus actividades de investigación y por los servicios que presta" (Durham, 1992).

En Colombia, el Director del ICFES (Palacios, 1990:11), advertía ese año que:

"permanecer en una actitud conformista e inercial significa quedarse atrás, entrar en franco deterioro. En consecuencia los patrones para evaluar la educación superior deben modificarse. En la actualidad se pide a la universidad mayor calidad científica, ético-social y política, acorde con la marcha de los tiempos, de suerte que los objetivos que se le tracen, la administración de sus recursos, sus actuaciones, pero sobre todo que sus "productos" (llámense nuevos conocimientos, profesionales egresados o servicios a la comunidad) sean socialmente productivos y eficientes. Ello no significa que sean rentables para las instituciones, sino ante todo que guarden armonía con los grandes objetivos nacionales, como la superación de la injusticia y la discriminación social. Un hecho central de la educación superior en todo el mundo es su carácter crecientemente costoso. Esto plantea a los dirigentes de la educación colombiana el reto de la eficiencia, tanto en el uso de los recursos puestos a su disposición, como en el diseño del sistema, de modo que sus productos (formación, investigación, servicios a la comunidad) respondan cualitativa y cuantitativamente a los objetivos del bienestar general y al desarrollo social"

Por último, el Ministro de Educación de Chile señaló en mayo de 1990:

"En la actualidad, nuestro sistema de educación superior crece inorgánicamente, sin mayor coordinación entre sus partes ni con el resto de la sociedad. (...) En este contexto pensamos que lo más importante es definir una nueva relación entre el sistema de educación superior en su conjunto y el Estado, que combine adecuadamente la independencia de las instituciones de educación superior y el legítimo interés público comprometido en este ámbito. (...) No aspiramos ni postulamos a una regulación de carácter burocrático del sistema de educación superior. Todo lo contrario. (...) Es necesario proveer a la educación superior con los estímulos necesarios para el surgimiento de un clima emprendedor y de innovación que vuelva a las instituciones más sensibles a las demandas de su medio, llevándolas a interactuar más activamente con la comunidad local y regional, con el sector productivo, con el Estado y con la comunidad científica latinoamericana e internacional. (...) Creemos que es urgente, entre otros mecanismos, estimular las prácticas internas de autoevaluación de las propias instituciones, proceso que debería ir acompañado por el establecimiento de mecanismos externos de evaluación, basados en el juicio experto de los pares de la comunidad académica nacional o incluso internacional, cuando así se estime conveniente. (...) Es bien sabido el hecho que en todas partes del mundo las instituciones de enseñanza superior demandan cada vez mayores recursos para poder cumplir con sus múltiples y complejas funciones. Los Estados, por su parte, no pueden incrementar indefinidamente sus aportes a este sector de la educación, lo que los ha llevado a volverse más selectivos y exigentes a la hora de distribuir sus recursos y a impulsar a las instituciones para que diversifiquen sus propias fuentes de ingresos" (Lagos, 1990).