RECUADRO 6 EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA La educación superior colombiana (243 instituciones con algo más de medio millón de estudiantes, según datos de 1991), está dividida en dos sectores, estatal y privado, igualmente importantes cuantitativamente y claramente diferenciados desde el punto de vista de su financiamiento. El sector privado (que constituye el 70% de las instituciones y el 61% de la matrícula) se ha financiado tradicionalmente con el cobro de derechos de matrículas de alumnos, cuyas tasas de incremento anual eran autorizadas por el ICFES, entidad gubernamental que coordina la educación superior. El sector estatal está compuesto por instituciones nacionales  o regionales (departamentales o municipales) que se financian mayormente con recursos provenientes del presupuesto nacional; aunque están facultadas para cobrar derechos de matrícula a los alumnos (diferenciales según los ingresos de sus familias), éstos hasta hace poco eran prácticamente insignificantes, y sólo recientemente se han incrementado de manera significativa, aunque nunca representan más del 10% de los ingresos globales de una institución. Como mecanismos indirectos de financiamiento están los préstamos subsidiados otorgados por la agencia estatal ICETEX que, por estar más destinados al pago de la matrícuila que a la mantención de los alumnos, constituyen en la práctica una transferencia de recursos estatales al sector privado. COLCIENCIAS financia proyectos de investigación en ciencia y tecnología que, aunque teóricamente están abiertos a todas las instituciones, en la práctica tienden a concentrarse en unas pocas universidades (cuatro estatales y dos privadas). La ley 30 de 1992 no introdujo modificaciones substanciales a estos patrones de financiamiento. Al sector privado se le liberó del control ejercido por el Estado sobre el monto máximo de incremento anual en los precios de la matrícula; como consecuencia, algunas instituciones elevaron desproporcionadamente sus tarifas (incrementos superiores al 100%, detectados por el ICFES en 1994) lo que, como contrapartida, obligó al Estado a retomar cierto nivel de control en los mismos. Las universidades del sector estatal, por su parte, fueron catalogadas en un régimen especial único (desapareciendo por tanto su carácter de nacionales, departamentales o municipales), y se obligó a los gobiernos regionales a compartir con el gobierno central su financiamiento. La ley obliga, igualmente, a que estos aportes no sean en adelante inferiores, en moneda constante, a los establecidos para 1993. Se creó igulamente un fondo de desarrollo financiero para las instituciones, cuya estructura y funcionamiento están todavía por implementarse.